El adolescente con problemas de salud mental en el sistema de justicia juvenil
La adolescencia es una etapa de construcción de la identidad del individuo. Los numerosos cambios físicos, biológicos, en los pensamientos, en las relaciones sociales y con la familia, conforman un momento vital especialmente delicado y de mayor conflictividad. Algunas «adolescencias» son especialmente vulnerables bien sea por condicionantes socioeconómicos y personales, por antecedentes de crianzas no convencionales que afectan el desarrollo, por aprendizajes donde predomina el castigo físico o la punición, o por problemáticas propias del niño o niña que no han encontrado la respuesta adecuada para favorecer un adecuado crecimiento.
Algunos adolescentes presentan problemas de salud mental desde la infancia o es en este periodo donde eclosionan los primeros síntomas. A pesar de las variaciones en las tasas de prevalencia y las diferencias según los criterios diagnósticos utilizados, se ha estimado que al menos un 20% de niños y adolescentes presentan algún tipo de trastorno mental y al menos la mitad de ellos tienen una disminución importante en su funcionamiento familiar, social y escolar.
Los estudios realizados hasta el momento han demostrado que algunos trastornos psiquiátricos cuando se inician en la infancia y la adolescencia suelen ser más severos, produciendo una mayor afectación en el funcionamiento y la vida cotidiana de los niños y adolescentes que las padecen. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo, uno de cada siete jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental. La depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. Aunque en el mundo, según se calcula, uno de cada siete adolescentes de 10 a 19 años (14%) padece algún trastorno mental, estas enfermedades siguen en gran medida sin recibir el reconocimiento y el tratamiento debidos.
El por qué de las conductas transgresoras en la adolescencia
Las conductas transgresoras en la adolescencia son frecuentes. En algunos casos son el resultado del intento de la persona por definir una identidad social alternativa. En otras ocasiones, son la expresión de un profundo malestar o una respuesta a alguna distorsión en cuya base hay síntomas de un trastorno mental que no ha sido detectado ni tratado. Aparece la conducta agresiva impulsiva como única vía de resolución de los conflictos o surge la violencia, es decir, una conducta orientada a lesionar a terceros, propiedades u objetos, de forma más intencionada, como un paso al acto sin pensamiento global de las consecuencias, realizándose conductas constitutivas de delitos que requieren la intervención del sistema judicial de menores.
Dr. David Bueno Torrens
La realidad de la delincuencia juvenil en nuestra sociedad sigue siendo una cuestión muy estigmatizada. La información sobre delitos cometidos por adolescentes es tratada a menudo con un sensacionalismo que ocasiona alarma social y una mirada de desaprobación y rechazo hacia estos jóvenes, perdemos el interés por conocer qué les está sucediendo a estos chicos y chicas. Aún más desconocida es la problemática existente en relación con los adolescentes que padecen un trastorno mental y cometen conductas transgresoras. A menudo, existe la idea de que los jóvenes con problemas de salud mental son más violentos y peligrosos que aquellos que no sufren trastornos o catalogamos a todos los delincuentes como «enfermos» mentales, creándose para esta población un doble estigma con esta etiqueta de «enfermo» mental y delincuente.
Los adolescentes con trastornos mentales son particularmente vulnerables a sufrir discriminación, exclusión social, problemas de estigmatización (que afectan a la disposición a buscar ayuda y vincularse a los servicios de salud mental), dificultades educativas o comportamientos de riesgo.
El malestar propio del adolescente es, a menudo, mucho mayor en este grupo. Cuando realizan alguna conducta antisocial que requiere la intervención del sistema judicial y el ingreso en un centro privado de libertad aumenta esa vulnerabilidad por las dificultades que presentan para poder afrontar situaciones o eventos estresantes, produciéndose un impacto emocional en ellos que disminuye su capacidad de adaptación y revierte negativamente en la evolución de su trastorno.
El derecho a una atención sanitaria integral
La atención sanitaria integral es uno de los derechos más importantes que tienen las personas privadas de libertad. En los centros de justicia juvenil debe garantizarse la atención a todos los problemas de salud, prevenirlos, y proporcionar una atención en salud mental especializada acorde con las necesidades del adolescente, especializada en atender la problemática de salud mental, el riesgo de violencia y de reincidencia en conductas transgresoras, el impacto del ingreso en un centro (separación abrupta del entorno social y familiar, incomunicación telemática, restricción de las comunicaciones..) y disminuir la vulnerabilidad de esta población.
En Cataluña existe una unidad especializada en la atención y tratamiento de adolescentes que cometen conductas transgresoras gestionada por el Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Unidad Terapéutica del Centro Educativo Els Til.lers). Habitualmente el Juez de Menores impone una medida de internamiento terapéutico en los adolescentes con problemas de salud mental que permite llevar a cabo una intervención especializada por parte de profesionales expertos en el tratamiento de estos casos. Sin embargo, en el resto de España y Europa no existen unidades lideradas por profesionales del Departamento de Salud y, concretamente, del área de salud mental que atiendan y desarrollen terapias específicas para esta población, a pesar de que es bien conocido que el porcentaje de trastorno mental en el sistema de justicia juvenil es superior a la población general.
Programa de vinculación comunitaria para jóvenes privados de libertad
Un metaanálisis de 25 estudios sobre la prevalencia de trastornos mentales en jóvenes con conductas delictivas concluye que los adolescentes con conductas transgresoras son 10 veces más propensos a sufrir patología del espectro psicótico, el trastorno de conducta es de 10 a 20 veces superior en las chicas y de 5 a 10 veces más probable en los chicos; la depresión mayor es entre 3 y 4 veces más frecuente en las chicas detenidas (Fazel et al., 2008).
Concretamente en Cataluña, los adolescentes atendidos en el sistema judicial de menores presentan índices de trastornos mentales superiores a las tasas encontradas en población general. El 50% de la población que comete algún tipo de conducta trasgresora grave e interna en un centro de justicia juvenil, en régimen de privación de libertad, requiere la intervención inmediata de los servicios de salud mental. Un 10% presentan un trastorno mental que requiere el ingreso en una unidad terapéutica de justicia juvenil. En un estudio realizado en el año 2018 (Ribas et al., 2018) se describen las características clínicas, sociales y familiares de la población atendida con internamiento terapéutico, se realiza asimismo una comparativa con la población atendida en centros de justicia juvenil sin trastorno mental, encontrándose diferencias significativas. En este sentido, los adolescentes con problemas de salud mental tienen progenitores con índices de delincuencia relativamente bajos (27%), encontrándose un mayor número de padres que están educando a sus hijos en una disciplina consistente y adecuada, recibiendo una supervisión e implicación apropiadas por parte de los progenitores. Las familias presentan mayor capacidad para ofrecer apoyo emocional. En cuanto al entorno de residencia, los jóvenes con internamiento terapéutico residen en lugares con niveles bajos de delincuencia, pobreza o violencia. Sin embargo, son adolescentes que sufren mayor rechazo por parte de compañeros, presentan un riesgo alto de estrés e incapacidad para afrontar las dificultades, tendiendo a respuestas agresivas, la impulsividad es alta, presentan mayores problemas de concentración y atención y el compromiso escolar es bajo.
Existen factores de protección en el entorno socio familiar de los adolescentes con problemas de salud mental que delinquen, en comparación con aquellos jóvenes que no presentan patología mental. Sin embargo, también presentan factores de riesgo. Uno de cada dos jóvenes ha crecido en contextos o condiciones que no favorecen un adecuado desarrollo evolutivo, caracterizado por algún tipo de maltrato o negligencia parental. Aunque no existe un factor que por sí mismo explique la conducta violenta en el adolescente, el maltrato sufrido durante la infancia, tanto si se da en el ámbito familiar como fuera de él, puede dar lugar a problemas de salud mental, abuso de sustancias, aumentan las dificultades en las relaciones interpersonales, la probabilidad de suicidio y la conducta delictiva (Wood et al., 2002; Widom y Maxfield, 2001). Cuando son atendidos por profesionales especializados en salud mental, uno de cada cuatro jóvenes presenta una depresión moderada o grave, alta impulsividad, sentimientos de ira y una tendencia a interpretaciones de hostilidad de los otros hacía ellos, lo cual interfiere en un funcionamiento psicosocial óptimo y en su capacidad de adaptación al entorno. El consumo de tóxicos de forma esporádica o habitual previo al ingreso en un centro se da en un 50% de los casos, habitualmente como una estrategia para evadirse del malestar emocional que no pueden gestionar; uno de cada cuatro presenta síntomas relacionados con un trastorno mental grave. Además, es preciso destacar que uno de cada tres presenta una discapacidad intelectual leve. Por todo esto, esta población requiere una atención que reconozca la singularidad y unicidad de cada adolescente, diseñada, adaptada y consensuada con cada joven en base a sus necesidades, sus fortalezas, sus vivencias, sus carencias, su historia vital, el delito cometido…
La atención terapéutica especializada en salud mental en el entorno de justicia juvenil debe, y así se orienta en Cataluña, dirigirse hacia una intervención integral, más allá de los síntomas propios del trastorno que tienen estos adolescentes. Reciben terapias psicológicas y psiquiátricas, intervenciones educativas y formativas, cuidados de salud general por parte de las enfermeras e intervenciones orientadas a la búsqueda de significado en el desempeño de tareas por parte de terapeutas ocupacionales.
Todo ello no es posible sin generar un entorno seguro y protector para el adolescente, en el cual predomine un interés real por su situación y sus experiencias, una aceptación incondicional y una disponibilidad cuando necesite ser escuchado, sin ser juzgado, sino comprendido, entendido y acompañado en su propio proceso de recuperación personal, crecimiento y desarrollo de su identidad.
De este modo estos chicos y chicas pueden expresar sus malestares de otra manera, reflexionando y entendiendo que tienen dificultades y ansiedades propias de este periodo vital (pérdidas, duelos por la infancia perdida, exigencia de funcionar como un adulto…) y también una problemática añadida relacionada con su trastorno, su entorno y sus experiencias vividas, a menudo muy traumáticas. Las intervenciones deben tener en cuenta el propio momento evolutivo de cada persona, escuchando y respetando sus deseos y preferencias, su proyecto de vida o ayudándole a desarrollar interés por áreas académicas y vitales que ha descartado sin haber intentado conocer. Debe construirse asimismo una narrativa biográfica y comprensiva que permita también al adolescente entender los determinantes sociales, personales, familiares, culturales, etc. que le han llevado a la conducta delictiva y desarrollar la capacidad de perdonarse y reconciliarse con su entorno.
Conseguir la aceptación y recuperación del propio adolescente, promover y activar todos sus recursos y capacidades para superar o integrar su trastorno sin que éste se convierta en el centro de su vida, conseguir la reinserción comunitaria, evitar las conductas transgresoras y potenciar la integración social satisfactoria son objetivos prioritarios en la intervención profesional en el entorno sanitario-judicial de salud mental. El trabajo en y con la comunidad se inicia mientras se está cumpliendo la medida judicial de internamiento en un centro de justicia juvenil, mediante un acompañamiento que garantiza la inclusión social, minimiza riesgos, y permite descubrir cuál es la interacción del adolescente con su entorno, en las relaciones con sus iguales y con la sociedad, compartiendo sus vivencias personales en su entorno natural de vida. En este sentido, son diversas las actividades que pueden desarrollarse, desde un teatro inclusivo en centros cívicos, hasta un programa de prevención del consumo de tóxicos integrado y llevado a cabo en centros escolares de la comunidad, o realizar acompañamientos al domicilio o actividades lúdicas. Cuando conseguimos entender los argumentos del adolescente, atender y escuchar lo que para ellos es importante, alentarles para conseguir sus objetivos, podemos generar seguridad en sí mismos y en los otros, así como posibilidades reales para compartir la vida en libertad.
Teléfono de la Esperanza 93 414 48 48
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